El mito del contrato perfecto: por qué la obra pública sigue al borde del colapso
El Perú cayó en la ilusión de que un formato contractual importado resolvería, por arte de magia, décadas de ineficiencia estatal.
Autor: Ing. Saúl Yábar Bedoya
Tras el éxito de los Panamericanos Lima 2019, la consigna oficial fue generalizar los acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G), las PMO foráneas y los modelos estandarizados NEC y FIDIC.
Años después, la realidad demuestra que estos mecanismos se han desnaturalizado y han funcionado, en muchos casos, como una costosa “patente de corso” para inflar presupuestos para “garantizar” resultados.
El origen de la crisis en la infraestructura nacional no radica en el idioma del contrato, sino en una distorsión previa: la cultura de priorizar el precio sobre la calidad técnica. Las entidades públicas siguen licitando la formulación de expedientes técnicos con presupuestos paupérrimos y plazos irreales, premiando la oferta más barata en lugar de la solvencia de la ingeniería. Lo que nace mal pagado y mal diseñado en el papel, colapsa inexorablemente durante la ejecución de la obra.
Conozco de cerca este círculo vicioso por mi experiencia en la gestión del Hospital Zacarías Correa de Huancavelica. El proyecto quedó entrampado y paralizado por las severas deficiencias e inconsistencias de un expediente técnico nacido con fallas de origen. En campo, la realidad exigía aprobar adicionales de obra técnicamente indispensables para corregir el rumbo. Sin embargo, se impuso el terror institucional: funcionarios paralizados por el temor a firmar modificaciones contractuales, temerosos de las consecuencias ante los órganos de control.
Ante la duda, la burocracia prefiere la paralización de una obra antes que asumir la responsabilidad técnica de una decisión. Pensar que un contrato NEC lo resuelve es una ingenuidad peligrosa. Si el expediente técnico es defectuoso, en un modelo colaborativo la deficiencia no detiene la obra de inmediato, pero activa una hemorragia continua de eventos compensables, ampliaciones y sobrecostos que terminan pagando todos los peruanos.
Al final, la trampa es evidente: lo barato siempre sale caro. Mientras el Estado siga regateando centavos en los estudios de ingeniería para luego despilfarrar millones en consultorías extranjeras que maquillen el desastre, seguiremos inaugurando arbitrajes y no obras. El verdadero cambio empieza por pagar por ingeniería peruana de verdad y recuperar el rigor técnico para gestionar de manera adecuadas las obras públicas.
Fuente: MOTLIMA